El 67% de los encuestados está de acuerdo con la Ley de Financiamiento Universitario, frente a un 17% que manifiesta su rechazo y un 16% que no sabe o no contesta. La diferencia de 50 puntos porcentuales entre el apoyo y el rechazo evidencia un consenso social amplio en torno a la norma.

En este escenario, la oposición del Gobierno nacional a cumplirla se desarrolla en tensión con una opinión pública mayoritariamente favorable a la ley, sumando un nuevo punto de roce en una esfera de impacto social.