NOTA DE OPINIÓN

El Mundial en general y el triunfo sobre Inglaterra en particular —“trapo” mediante— despertaron un fuerte sentimiento nacional que colonizó las redes sociales y caló hondo en los argentinos. El fenómeno se desarrolló al margen de la dirigencia política que se preparaba para debatir en el Senado de la Nación la finalmente frustrada Ley de Tierras, un proyecto que colisionaba de lleno —al menos desde la percepción social— con esta nueva expresión de “argentinidad al palo”.

Ese sentimiento bajó de las tribunas, llegó a las manos de los jugadores de la Selección en plena épica deportiva, y terminó depositado sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en el estado de Georgia, cobrando categoría política. Desde allí adquirió la fuerza suficiente para propinarle una derrota al Gobierno nacional.

Ningún sector político pudo adjudicarse este fenómeno ni capitalizarlo plenamente. Cualquier intento oportunista quedó rápidamente en evidencia. El ganador fue un país que dijo: “Acá no se vende nada”. Como ocurrió con las cacerolas que, ruidosamente, le pusieron un freno en 2001 a un gobierno nacional que había perdido el rumbo. Son fenómenos genuinos que surgen desde la sociedad, se expresan de manera masiva y contundente, y terminan marcando los procesos políticos.

Desde hace tiempo, Javier Milei viene perdiendo su cadena de legitimidades cuyos eslabones lo llevaron a la Presidencia y alimentaron las expectativas de una sociedad que puso en juego, una vez más, su compromiso con un rumbo de recuperación del país para “la gente de bien”. El esfuerzo que Milei les pidió a los argentinos implicaba sacrificarse, postergar sueños, consumos y logros personales.

Esa cadena de legitimidades comenzó a romperse, primero, con el incumplimiento de la promesa de una mejora económica y social; después, con la derrota en la batalla ética y la pérdida de su diferencial moral; y ahora, con la emergencia de un sentimiento de orgullo nacional que puso las cosas en blanco sobre negro: “Al final, la casta soy yo”.

La visita del papa León XIV será, probablemente, otro gran desafío para la propuesta política libertaria, que deberá confrontar su racionalidad económica con la tan criticada y denostada justicia social.

El Santo Padre viene anticipando los ejes de una posición política íntimamente ligada a su mirada pastoral. León XIV concibe la justicia social como un principio integral de organización de la sociedad. Su pensamiento mantiene una fuerte continuidad con el de Francisco y pone especial énfasis en la dignidad humana, el trabajo, la integración social y la responsabilidad de las instituciones.

Para León XIV, la dignidad humana es el punto de partida: está presente en todas las personas, independientemente de su condición económica, nacionalidad, capacidad productiva o situación migratoria. Por eso, sostiene que la economía, la política, la tecnología y el derecho deben estar al servicio de la persona, y no al revés.

En esa misma línea, el Papa considera que, si en el pasado la cuestión social estuvo asociada principalmente a la explotación de los trabajadores, actualmente el problema central es la exclusión. Millones de personas no sólo son explotadas, sino que quedan directamente fuera del sistema: sin tierra, vivienda, alimentos, trabajo digno, representación ni posibilidades de hacerse escuchar.

Su planteo central es que los pueblos atraviesan una crisis que no es únicamente económica, sino también de vínculos, fraternidad y sentido. Frente a ella, reclama una política que vuelva a escuchar a los pueblos, limite la concentración del poder y reconstruya la comunidad alrededor de la dignidad de cada persona.

Para Milei, en cambio, la justicia social “es una aberración desde el punto de vista moral”, porque consiste en quitarle obligatoriamente una parte de sus ingresos a una persona para financiar beneficios destinados a otra. Desde su perspectiva, esto “implica un robo y un trato desigual ante la ley”.

Por la misma razón, rechaza la máxima según la cual “donde hay una necesidad, nace un derecho”. Para el Presidente, esta formulación constituye una “aberración”, porque las necesidades son potencialmente infinitas, mientras que los recursos disponibles para satisfacerlas son limitados. Además, sostiene que todo nuevo derecho social genera una obligación económica para otra persona.

Esta concepción llevó al Presidente a adoptar posiciones inflexibles —y calificadas incluso como “insensibles”— frente a sectores vulnerables o afectados por alguna catástrofe, como ocurrió hace dos años con la inundación de Bahía Blanca. La misma lógica se observa ante la situación de los argentinos endeudados, respecto de quienes sostuvo que el Estado no debe intervenir en acuerdos celebrados entre privados.

No hay dudas de que la visita del Papa en noviembre próximo al país y el contenido de su discurso tendrán un efecto político sobre una sociedad que, como se señaló anteriormente, viene tomando distancia del Gobierno nacional.

El caso Adorni le otorgó dimensión política a la pérdida del diferencial moral de Milei. La malvinización hizo lo propio potenciando una concepción nacional basada en la protección del patrimonio y las riquezas del país. Probablemente, la visita del Papa coloque en el centro del debate otras dimensiones, más ideológicas e igualmente centrales: la insensibilidad social, la exclusión y la crisis de valores.

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